Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes (estatal, autonómica o local), de toda lesión que sufran en cualquiera de sus derechos o bienes jurídicamente protegidos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

El ejercicio de este derecho está sujeto a determinados requisitos, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:

• En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
• Hay que demostrar la existencia de una relación de causalidad entre el daño cuya indemnización se reclama y el funcionamiento (normal o anormal) del servicio público causante del daño.
• Sólo serán indemnizables los daños que no se tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
• No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos (fuerza mayor), ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
• El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

A través de nuestros servicios jurídicos, presentamos todo tipo de reclamaciones de indemnización frente a las Administraciones Públicas por daños ocasionados en diferentes ámbitos (a título de ejemplo):

• Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística
• Obras e Infraestructuras Públicas
• Daños medioambientales
• Deficiente prestación de servicios públicos locales: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas;  parques y jardines públicos; protección contra la contaminación acústica (ruidos), lumínica y atmosférica en las zonas urbanas; protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social; prevención y extinción de incendios; instalaciones deportivas y de recreo de uso público; protección de la salubridad pública, etc.
• Daños sufridos por deficiencias en la prestación de asistencia sanitaria
• Daños por el mal estado de las carreteras, deficiente señalización, etc.
• Daños sufridos en el ámbito de centros de enseñanza públicos
• Daños ocasionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

En Sastre Beceiro Abogados nos respaldan nuestros 30 años experiencia, siempre en defensa de los intereses de nuestros clientes.

Estudiamos cada caso de manera exhaustiva y personalizada. Analizamos el nexo causal y la valoración de los daños y perjuicios, para su reclamación en vía administrativa y, si fuere necesario, también ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Cómo le ayudaremos?