La vida profesional de cientos de miles de personas al servicio de las Administraciones públicas y de las empresas, fundaciones o consorcios públicos está sometida a un complejo y especializado régimen jurídico.

Los problemas jurídicos de la vida laboral de los empleados públicos pueden comenzar desde el mismo momento de la convocatoria de las pruebas de acceso y pueden surgir a lo largo de su carrera profesional, como son los cambios de destino, sueldos, régimen disciplinario, ascensos y las distintas situaciones en las que se suspenda o se extinga la situación concreta que le vincule a la Administración antes de la oportuna jubilación.

Esta cuestión se predica aún más respecto de los llamados interinos, cuyo régimen jurídico es objeto de profundos cambios en la actualidad y que afectan a decenas de miles de personas ante los llamados procesos de estabilización y la lucha contra el abuso de la interinidad.

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